VI Informe Foessa: los niveles de pobreza en España no han variado en los últimos diez años
La Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada) se constituyó en 1965, con el impulso de Cáritas Española. Fruto de sus actividades ha sido la realización y publicación de diversos estudios sociológicos y cinco Informes sobre la situación y el cambio social de España, que vieron la luz, respectivamente en 1967, 1970, 1975, 1980-83 y 1994.
A la luz del último Informe FOESA, hay quienes dicen que la tasa de desempleo española no volverá niveles europeos (7%) hasta mediados de la próxima década. Tras la última recesión económica (1994), fueron necesarios 13 años para que el paro bajara del 24,55% al 7,95%. Todo ello pese a que la economía creció durante el periodo por encima del 3,5%. Y hay que tener en cuenta que la mayoría de los analistas considera que el actual ciclo recesivo llevará el desempleo a tasas cercanas al 20%.
A pesar del proceso de crecimiento económico sostenido que se ha registrado en España en la última década, los índices de desigualdad y de pobreza apenas se han reducido. No sólo eso, sino que sus niveles se han mantenido constantes a lo largo de todo el período, a espaldas del proceso de extraordinaria generación de riqueza al que hemos asistido en los últimos años. Esta es una de las principales constataciones del VI Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España 2008 que se ha presentado esta mañana en Madrid y en el que se hace una radiografía de la realidad social de nuestro país entre 1994 y 2007.
La pobreza afecta a la quinta parte de los hogares españoles
“Se ha consolidado en la estructura social una pobreza severa que se encuentra sin variación entre un 3 y un 4 % de la población, lo que supone un déficit estructural de distribución a los sectores más vulnerables de la sociedad de los bienes y servicios necesarios para garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales”. Este ha sido el mensaje de alerta lanzado por Silverio Agea, director ejecutivo de la Fundación FOESSA y secretario general de Cáritas Española en la rueda de presentación del citado Informe.
Sus datos no tienen vuelta de hoja: la pobreza sigue afectando a una quinta parte de los hogares españoles y en la estructura social española permanece enquistado, además, un segmento de pobreza extrema que afectaría a entre un 2,6 y un 4% de la población.
A lo largo de más de 800 páginas, el VI Informe FOESSA hace un preocupante diagnóstico de la situación social actual al señalar que la precariedad alcanza a una amplia capa social, que la exclusión social es una realidad constatada en más de un 17% de los hogares españoles, y que las situaciones de exclusión severa afectan a un 5.3% de los hogares.
Mayores, mujeres, niños e inmigrantes, los más vulnerables
Los datos de la investigación revelan, además, que existen grupos de población que hoy en día son considerablemente más vulnerables que al principio de los años 90. En concreto, algunas de las “viejas” formas de pobreza, que se consideraban superadas, vuelven a manifestarse con notable crudeza: es el caso de las personas mayores, cuyas tasas de pobreza superan la de la media de la población y que se han visto afectados por la incapacidad del sistema de prestaciones para acercar el crecimiento de sus rentas al de la media de la población española.
Una de las notas más sobresalientes del Informe es el redescubrimiento de la pobreza infantil, al confirmar que la tasa de pobreza infantil en España no sólo es mayor que la de la media de la población –uno de cada cuatro niños vive con rentas por debajo del umbral– sino que es una de las más altas de la Unión Europea. Esta realidad es especialmente visible en el caso de los hogares monoparentales o de las familias numerosas.
Por sexos, el VI Informe FOESSA llama la atención sobre la persistencia de tasas mayores de pobreza en el caso de las mujeres que de los hombres, un fenómeno asociado no sólo a determinadas tipologías de hogar –hogares monoparentales sustentados por una mujer o mujeres mayores de 65 años que viven solas–, sino a características muy concretas del mercado de trabajo, como las brechas en salarios, tasas de actividad y empleo, que siguen siendo muy elevadas. De hecho, en la investigación se constata que en algunos grupos, como los hogares monoparentales, se reduciría sustancialmente la pobreza si el trabajo femenino fuese retribuido como el masculino.
El Informe analiza también la emergencia de la inmigración como uno de los colectivos con mayor riesgo de pobreza. Se constata que varias nacionalidades duplican las tasas de pobreza de los ciudadanos españoles y casi las triplican en el caso de la pobreza extrema. Los inmigrantes presentan también unos indicadores de privación, especialmente en vivienda, muy superiores a los de los hogares españoles.
Pobreza “de ida y vuelta”
Los resultados de FOESSA confirman que España registra un alto porcentaje de pobres transitorios, en comparación con otros países que tienen niveles similares de pobreza e, incluso, con aquellos que registran tasas de pobreza más altas. Este problema está relacionado con las singularidades de nuestro mercado de trabajo y suscita serios interrogantes respecto a las implicaciones de la flexibilización de los mercados de trabajo sobre el bienestar de las familias que dependen de los ingresos laborales de individuos que son activos. Los datos del Informe indican que los contratos temporales suponen un incremento de la probabilidad de experimentar pobreza no sólo a corto sino también a medio y largo plazo.
La distribución territorial de la renta
En lo que se refiere a la incidencia de los niveles de desigualdad a nivel estatal, FOESSA constata que existe un grupo de Comunidades Autónomas que destaca por presentar niveles de desigualdad considerablemente inferiores al conjunto nacional. En este grupo se incluirían Navarra, País Vasco, Murcia y Castilla-La Mancha. En otras regiones, por el contrario, el proceso distributivo interno se ha traducido en niveles de desigualdad que superan el promedio nacional. Se trata de regiones como Andalucía, Canarias, Cantabria y Madrid, aunque sus indicadores son sólo ligeramente más elevados que los del conjunto español.
En cualquier caso, hay un grupo bastante uniforme de regiones que presentan los mayores niveles de desigualdad y que incluye a Ceuta y Melilla, Canarias, Extremadura, Andalucía y, con algo más de sensibilidad a la encuesta utilizada, Madrid. En el extremo opuesto se sitúan las regiones con menores diferencias internas en la distribución de ingresos y que son, básicamente, La Rioja, País Vasco, Baleares, Navarra y, dependiendo más de cada fuente, Asturias y Aragón.
Tres colectivos que deberían ser objeto de diferentes políticas sociales
El Informe constata que se dan tres situaciones que combinan la pobreza y la exclusión social con diversidad de grado e intensidad.
- Pobreza integrada: sectores integrados socialmente, pero con ingresos insuficientes que les sitúan por debajo del umbral de pobreza, y suponen el 12,2% de los hogares. Para mejorar su situación, las políticas redistributivas, basadas en los mecanismos clásicos de la fiscalidad y la seguridad social, deberían ser suficientes.
- Excluidos ‘con dinero’: uno de cada 10 hogares (el 9,8%) se encuentra situado por encima del umbral de pobreza y que presenta diversos problemas de integración social por lo que no deberían quedar al margen de la intervención de los servicios sociales.
- Excluidos pobres: estos hogares, que suponen el 7,2%, deberían ser los destinatarios principales de las políticas de activación unidas a la garantía de ingresos mínimos. De ellos, poco menos de la mitad, medio millón de hogares aproximadamente, se encontrarían en pobreza extrema y exclusión social. La carencia de una auténtica malla de seguridad hace que la situación de estas familias se muestre especialmente delicada y es posiblemente el mayor reto para la cohesión social en España.
Un Informe para el Desarrollo Social en España en la perspectiva de 2010
Junto a Silverio Agea, en la rueda de prensa de presentación del VI Informe FOESSA han intervenido el coordinador del Informe y responsable del Servicio de Estudios de Cáritas, Víctor Renes; y dos de sus autores, los profesores Luis Ayala, de la Universidad Rey Juan Carlos, y Miguel Laparra, de la Universidad Pública de Navarra.
Durante su intervención, Silverio Agea aseguró que la diagnosis del VI Informe FOESSA suponen una llamada a redoblar la acción de Cáritas en la perspectiva del 2010, Año Europeo de Lucha contra la Pobreza en el que, además, España asumirá la presidencia de UE. Para el secretario general de Cáritas, los resultados del estudio representan “un reto para todos, tanto para los agentes sociales como para los poderes públicos”. “Es necesario que tomemos plena conciencia de cuáles son nuestros déficits sociales y que se dé la máxima prioridad en la agenda social y política de cara a 2010 a las reflexiones y propuestas del informe FOESSA”, añadió.
Este estudio, elaborado por un equipo integrado por más de 70 expertos vinculados a diferentes Universidades y grupos de investigación, y de reconocido prestigio de todo el país, sale a la luz dentro del sello Cáritas Española Editores. Aporta una visión de la realidad estatal en torno a la estructura social, la desigualdad y la pobreza, las relaciones sociales y la cooperación internacional, entre otras cuestiones. Los contenidos están estructurados en ocho capítulos:
1. La visión del desarrollo social en el siglo XXI
2. Desigualdad, pobreza y privación
3. La exclusión social en España: un espacio diverso y disperso en transformación
4. Políticas y bienes sociales: procesos de vulnerabilidad y exclusión social
5. Actores institucionales y sociales en las políticas sociales
6. Capital social y capital simbólico como factores de exclusión y desarrollo social
7. El modelo de inmigración y los riesgos de exclusión
8. España en el mundo
NOTA: El umbral de pobreza manejado por el Informe es el mismo que utiliza la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística. Su cuantía está fijada en 6.895 euros (por persona/año) y es el 60 por ciento de los ingresos medianos netos por persona y año. Se consideran pobres a las personas cuyos ingresos están por debajo de esa cantidad.
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